El pasado 20 de diciembre una sentencia del Tribunal Constitucional de Sudáfrica se refería a la gentrificación de una zona de Ciudad del Cabo conocida como Woodstock como una continuación de las políticas de expulsión de la población negra de la ciudad durante la época del Apartheid:
“La política de gentrificación” de la ciudad de Ciudad del Cabo en la República de Sudáfrica post-apartheid “busca lograr lo que la política de desalojo forzoso del apartheid no logró lograr y destruir una de las únicas comunidades que habían logrado resistir los desalojos del Cabo ‘blanco”, dice. Y continúa “Es inconcebible que los residentes deban enfrentar ahora, en la nueva democracia, la ignominia del desplazamiento al estilo del apartheid cuando habían luchado valientemente para permanecer en sus propiedades”.
Woodstock, una zona habitada principalmente por trabajadores pobres de la industria textil, fue uno de los pocos barrios de la capital sudafricana bien situados en los que la población negra resistió a la expulsión forzada. Sin embargo, después de un plan publico que señalaba este barrio y el cercano suburbio de Salt River como zona de desarrollo urbano, se concedieron grandes exenciones fiscales y otras ayudas económicas a los promotores inmobiliarios, lo que ha llevado a que el precio medio de las viviendas haya subido desorbitadamente: de entre 100.000 y 300.000 rands en 2003 a más de 1,6 millones de rands en 2015, según se señala la propia sentencia y recoge People Distpach .
Tradicionalmente, los contratos de arrendamiento se transmitían a lo largo de cinco generaciones pero a raíz del cambio del barrio los propietarios de las viviendas han comenzado a vendérselas a los promotores inmobiliarios, lo que dio paso irremediablemente a los desahucios generalizados.
Actualmente, solo resisten los vecinos de la comunidad de Bromwell Street. Tras empezar a derruir sus casas, la ciudad ofreció a algunos vecinos que perdieron sus hogares ser realojados en un campamento instalado en 2015 a 30 km del centro de la ciudad sin buenas conexiones de transporte. Como no lo aceptaron, se les ofreció irse a un centro de realojo de emergencia puesto en pie a 15 km, construido a base con chozas de chapa de zinc durante la crisis del COVID-19. Las familias de Bromwell Street volvieron a declinar la oferta y decidieron luchar el caso en los tribunales.
Ganaron en primera instancia en el Tribunal Superior del Cabo Occidental en septiembre de 2021, aunque la sentencia fue revocada en 2023 por el Tribunal Supremo de Apelaciones (SCA). Ahora, el Tribunal Constitucional les da la razón y ha dictaminado que el realojo temporal debe ser cerca del centro de la ciudad.
“Es importante reconocer que para las personas que viven en circunstancias de extrema vulnerabilidad, la ubicación puede ser un componente importante o esencial de una vivienda adecuada, sin la cual se les negarán sus necesidades más básicas, ya que no podrán acceder al empleo, la atención médica y la educación para sus hijos”, dice el texto.
Empezaron la lucha 48 residentes de los cuales quedan algo menos de la mitad. No se los podrá desalojar sin una alternativa dentro de la propia ciudad. La sentencia podría tener, al parecer, una importancia que trasciende el caso por sentar jurisprudencia sobre la importancia de la ubicación residencial de los realojos.
